El conflicto de estos días en La Naval de Sestao me ha recordado al que sacude desde hace meses al sector de construcciones mecánicas en Reino Unido y, en especial, a las empresas que construyen la red de centrales de ciclo combinado que sustituirán a las de carbón, en las comarcas que antes eran mineras.
¿Por qué ha habido huelgas en Lindsay y en Staythorpe? ¿Por qué habrá la próxima semana una concentración de gente procedente de todo el país en el solar donde se están levantando las principales instalaciones de los Juegos Olímpicos de 2012?
Por razones parecidas a las que motivaron la protesta en Sestao, según la he entendido por la lectura del periódico. Porque en astilleros o centrales eléctricas europeos, empresas subcontratadas ganan los concursos de obras y emplean fundamentalmente a trabajadores inmigrantes, especialmente de los países A8, de la ampliación de los ocho en la UE, en 2004.
Medir la relación entre inmigración y renta de la población ‘autóctona’ es un asunto muy complicado. Un reciente estudio- ‘The Economic Impact of Migration on the UK Labour Market’, del Institute for Public Policy Research- grupo de estudios que fue una cantera de políticas y de asesores del primer Gobierno de Tony Blair- llega a la conclusión de que un aumento del 1% en el porcentaje nacional de inmigrantes produciría un descenso quizás del 0.3% en el salario medio del país.
Los autores del estudio contrastan ese descenso- que estadísticamente parece despreciable, por la inevitable imprecisión del cálculo- con la constatación, ésta más fiable, de que prolongar uno o dos años la escolarización más allá de la edad mínima de 16 años daría a un trabajador británico un 10% más de salario.
El cálculo del impacto de la inmigración sobre los salarios y sobre el empleo puede ser difícil, pero son tan obvios los efectos positivos para el crecimiento económico de una inmigración que se ajuste más o menos a la expansión que no resulta difícil creer que lo positivo compensa lo negativo.
En ambos campos hay múltiples fenómenos difíciles de cuantificar, solapamientos de datos y ambigüedad. El estudio citado afirma, por ejemplo, y suena como algo perfectamente lógico, que el efecto más negativo sobre los salarios de la llegada de inmigrantes sin cualificar se produce sobre los salarios de inmigrantes llegados antes y también sin cualificar.
En este gráfico extraído del estudio citado, se mide la relación entre el porcentaje de trabajadores inmigrantes llegados a cada sector en Reino Unido desde 2004 (x) y el aumento salarial promedio del empleado británico en el sector (y).
Para hacer este tipo de estudios se pueden hacer subdivisiones de la población laboral según edades, cualificaciones o tiempos de residencia, pero en general son agregaciones muy amplias. No se mide lo que ocurre en Sestao o en Staythorpe. Que un grupo de trabajadores inmigrantes entra en un mercado geográficalmente limitado como una unidad compacta, como la masa de asalariados de empresas de las que se sospecha que ganan los contratos porque pagan menos que lo que estipulan los convenios colectivos locales.
Contratar a los inmigrantes es legal. Y los acuerdos alcanzados en Lindsay o en Sestao para poner fin a las huelgas- que han valido a sus protagonistas el calificativo de xenófobos o racistas- simplemente parecen reflejar la voluntad de los empresas de no fomentar un ambiente social desgarrado en momentos difíciles.
No estaban obligadas legalmente a contratar una cuota de británicos, como en Lindsay, ni a exigir que las subcontratas cumplan con el convenio del sector, como dicen que hacen en Sestao o en Staythorpe.
Estos conflictos tienen su origen en la directiva de trabajadores desplazados en el mercado común, de 1996, y en la interpretación posterior, de 2004, que hizo el Tribunal Europeo de Justicia de la disputa planteada por los sindicatos suecos contra una empresa lituana que se negó a pagar a sus trabajadores, traídos para renovar una escuela cerca de Estocolmo, las cantidades exigidas en el convenio nacional sueco de la construcción.
La directiva, dijo el tribunal, sólo obliga al pago del salario mínimo del país donde se realiza la obra. En Suecia, además, no hay legislación sobre salario mínimo; se podía pagar a los lituanos cualquier cantidad.
En Sestao, o en Staythorpe- donde Duro Felguera construye con sus equipos, curtidos y conjuntados, cuatro calderas y turbinas de la central- el malestar se dirige a la exclusión explícita de los trabajadores locales y a la sospecha de que los desplazados, particularmente en el caso de polacos o rumanos, resultan más rentables sencillamente porque se les paga menos.
Pero estols huelguistas han tenido mala prensa. Sindicalistas españoles me explicaban, durante la manifestación previa a la cumbre del G20, que, en las discusiones de la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos españoles estaban unidos al rechazar ante sus colegas las huelgas británicas como xenófobas.
Xenofobia es el odio a los extranjeros y, aunque actos públicos y protestas siempre atraen a gente variada, yo he estado un par de veces en los piquetes de Staythorpe y no he escuchado comentarios racistas.
He escuchado, sin embargo, discusiones sobre la convenciencia de retirar el eslogan ‘Empleos británicos para trabajadores británicos’, que era frecuente en las pancartas de la huelga y que habían tomado de una promesa populista de Gordon Brown en la última conferencia laborista. El gran líder lo dijo para satisfacer a su audiencia y la audiencia se lo tomó en serio, y le exigió el cumplimiento de la promesa cuando no se estaba cumpliendo.
¿Por qué juega Gordon Brown a ser muy British? Quizás parte de la respuesta está en estos cuadros publicados por un reciente estudio de la Fundación Marshall.
Las respuestas de los encuestados presentan a Reino Unido como el país donde más personas piensan que la inmigración es un problema.
Éstas son las respuestas de los encuestados preguntados si los inmigrantes quitan empleos a los trabajadores locales.
La inmigración a Reino Unido ha sido muy alta en la última década. En la actualidad, el 10.1% es calificado como inmigrante. En Estados Unidos, el procentaje es del 13%. En Alemania, el 12.9%. En Holanda, el 10.6%. En Francia, 8.3%. En Italia, 2.5%. En Polonia, 1.6%.
Y, por si aún no tienen claras las razones por las que Brown hizo su apuesta patriótica, vean la composición de su base electoral tradicional en estos dos cuadros aleccionadores.
De izquierda a derecha, en el eje de abscisas, el nivel de educación formal de menos a mayor y, en el de ordenadas, el de personas que dicen que la inmigración es un problema.
Pero, al mismo tiempo, este cuadro de abajo muestra el cruce de opiniones negativas sobre la inmigración y las preferencias políticas en Europa y en Estados Unidos.
Los cuadros ofrecen un mapa inevitablemente complicado de la cuestión.
Pero me parece mal que, tras el casi desmoronamiento del sistema financiero internacional y el inicio de una profunda recesión, que tiene las trazas de ser larga, los que llaman xenófobos o racistas a los huelguistas de Staythorpe o Sestao se conviertan tan alegremente en los defensores de la idea más radical que hayamos conocido de un mercado laboral libre, encarnada por la interpretación del Tribunal Europeo de la directiva de trabajadores desplazados, y que se aplica ahora en tiempos de creciente desempleo.
Los partidarios de esas ideas quizás podrían sacar provecho de la lectura de ‘La Gran Transformación’, de Karl Polanyi.
Recordarían así la sentencia de los magistrados de Spenhamland, que, en los albores de la revolución industrial en Inglaterra, creyeron que hacían algo bueno al fijar una cantidad mínima que las parroquias darían a sus pobres para su manutención. Esa cantidad mínima, la dádiva pública a los que no tenían nada, se convirtió muy pronto en el salario máximo común.
Y quizás disfrutarían también con la atractiva interpretación del ecléctico Polanyi sobre el origen de los movimientos extremistas que causaron tanta muerte en la Europa del principio del siglo XX. El escritor ‘austro-húngaro’ nacido en Budapest interpretaba los ismos como la desesperada defensa de la sociedad para contener los desgarros que causó otra utopía absurda, la idea de un mercado libre, desregulado, gobernado por la matemática simple y precisa del euro- digo, del patrón oro- que los estados intentaron salvar a costa de grandes destrozos sociales.
Pero, ¿realmente aprendemos algo del pasado? Algunas respuestas de los gobiernos a esta crisis se sustentan claramente en un deseo de no repetir lo que perciben como errores de la crisis del 29. Podríamos todos aplicarnos la lección y, ante disputas como las de Sestao o Staythorpe, prestar más atención a los detalles que a las apariencias.
