Iñigo Gurruchaga

La Fundación Alternativas acaba de publicar un informe escrito por un viejo amigo, Andrés Recalde Castells, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Castellón.

Recalde condensa en el informe, "El papel del "Derecho" en la crisis. Algunos aspectos de la regulación financiera y de las grandes empresas en su relación con la Economía", los cambios en leyes y normas que en los últimos años han contribuido a lo ocurrido desde otoño de 2008.

Les tienen que interesar estas cosas, pero se nos ha echado encima el otoño, afuera o llueve o está la temperatura fresquita y el informe está bien escrito. Si yo puedo entender casi todo, puede entenderlo cualquiera.

En este largo mensaje intentaré escribir una síntesis del informe y al final alguna conclusión más genérica.

El informe parte del supuesto de que los problemas que ahora nos aquejan tienen que ver con las leyes que regulan el funcionamiento de las economías. Se ha disputado en este campo una contienda dialéctica sobre el papel del Estado o de la iniciativa privada, que ganaron por aplastante victoria en muchos países los partidarios de la liberalización, entendida como desregulación. La sociedad civil- representada por esa otra abstracción, los mercados- estarían en mejores condiciones que la estructura política y administrativa pública para crear normas que benefician a la economía y, por derivación, a todos nosotros.

Recalde cita la obra del actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, para criticar el argumento de que la empresa privada es más eficiente que la pública. Depende. Existen monopolios naturales, como las vías de ferrocarril o las redes eléctricas, que crean tras la privatización de los monopolios públicos otros privados, que al no tener competencia anulan buena parte del argumento sobre la eficiencia.

Las leyes que marcaban barreras de entrada o restricciones a sectores económicos han sido desarboladas a menudo por empresas con intereses concretos en esos sectores, de tal modo que el argumento general contra las regulaciones estatales ha servido para favorecer el control mayor de esos sectores por quienes postulaban desregulación. Que con frecuencia se ha traducido también en más reglas y normas.

Que la crisis haya tenido su centro de gravedad en el sistema financiero ilustra ese argumento. El caso de la "titulización" de las hipotecas basura mediante toda una serie de papeles de una complejidad abracadabrante es el mejor ejemplo. El argumento es que el Derecho tiene que servir a la economía y por tanto permitir que la iniciativa privada invente, confiando en el interés egoísta de todos los agentes para que el beneficio sea general.

Pero el resultado fue que la sopa de siglas- SPV, CDO, CLO, CMO, CLO, CDS y muchas más- no podían ser supervisadas por las autoridades, desbordadas por su cantidad y su complejidad, que en gran parte se firmaron esos contratos sin supervisión alguna, over the counter, sobre el mostrador, y que, en el momento en el que la euforia se detuvo, incluso las propias empresas que los habían firmado no tenían idea de lo que habían firmado. Así se quebró la confianza propia y recíproca en la solvencia.

Aún hoy siguen analizando con lupa esos papeles para saber quién debe qué a quién y los intentos de crear instituciones que los regulen- más bien instituciones de depósito que permitan a los agentes económicos tener la información adecuada sin la que un mercado no cumple sus funciones ideales- choca con el problema nada menor de que la variedad de instrumentos es tal que su clasificación parece lejana.

Me ha gustado mucho en el informe aprender algo que no conocía bien. Recalde tiene a José María Gondra como su maestro y se basa en los análisis del catedrático de la Complutense madrileña para someter a crítica los cambios en el derecho contable. Aquí se retrata una escisión entre la cultura anglosajona y la alemana, francesa o italiana, que son las fuentes del derecho contable español.

Tengan paciencia, es muy entretenido. 7 minutos y 37 segundos de descanso.

Laurie Anderson. Kokoku.

Regresamos a los cambios en el derecho contable, jujú.

El informe de Recalde explica que el derecho contable tradicional europeo tiene como uno de sus objetivos principales la protección del capital de las empresas, es decir, su permanencia. Se podían repartir dividendos en función de un balance que anotaba los costes históricos- por lo tanto sólo revisables a la baja, teniendo en cuenta la amortización-, los beneficios sólo cuando se realizan y las pérdidas cuando se convierten en previsibles.

Es un método prudente, que protege el capital de la empresa y su continuidad. Pero el empuje de directivos interesados en el corto plazo- en el aumento de beneficios a menudo vinculados a sus bonificaciones, en las compraventas financiadas con deuda- y de las grandes firmas auditoras impulsó la reforma en favor de la simetría temporal en la consideración de beneficios y pérdidas y de la valoración de los activos de la empresa según el precio del mercado. De un mercado que en el momento del asiento contable no ha fijado un precio del activo y que en la euforia de los últimos años permitía valoraciones más altas. El resultado de esa transformación es mayor volatilidad, menor seguridad; también la primacía de la bolsa, del corto plazo.

Que esto se presente como un cambio técnico, que fomenta una vida empresarial más ágil y eficaz, irrita particularmente a quienes, como Recalde o Gondra, consideran que tiene repercusiones tanto económicas como sociales y políticas. Sigo sin entender que los juristas llamen ciencia a su disciplina- Recalde la entrecomilla, "ciencia", y la califica como valorativa, y eso ya lo dice todo-, pero que se presenten esos cambios como una especie de avance del conocimiento técnico o empírico es una asombrosa exigencia de candidez a los demás.

Me ha gustado también en la lectura del informe el análisis de los cambios en la filosofía de la gobernación de las grandes empresas. Se detiene en problemas estructurales. Cualquiera que ha asistido a una Junta General de Accionistas de una empresa con muchos socios sabe que los directivos las aguantan con resignación, sabedores de que los grandes paquetes ya han acordado las grandes decisiones al margen de la asamblea, y que el micrófono amplificará los argumentos y chácharas de una serie de accionistas que van desde los puntillosos con buenas intenciones a los lunáticos.

En el derecho alemán de sociedades anónimas, que económicamente no producen tan malos resultados, según parece, se establece lo que Recalde describe como 'un modelo dualista', en el que, junto al Consejo de Administración hay otro, de Vigilancia, formado por accionistas y trabajadores, que intentan representar la dinámica de los gestores y un "interés de la empresa en sí", que trasciende el interés a corto plazo.

Para analizar el empuje anglosajón rememora el 'efecto Delaware', la idea de que cada Estado puede competir con los demás ofreciendo regulaciones a la baja, de tal modo que atraiga a empresas. En los años treinta, la competencia entre estados americanos atrajo a las empresas a radicar sus sedes en el de Delaware, aún hoy un centro financiero 'off shore' . La introducción de los mismos criterios en el ámbito de la Unión Europea y de España forma parte del mapa de lo ocurrido en los últimos años.

Esa competencia por la localización en sistemas de regulación más laxa se completa con la extensión de códigos voluntarios de gobierno corporativo, aprobados por las propias empresas y sus expertos. Es otro elemento más en la deslegitimación de la ley, por no ser 'económicamente eficiente'.

Cito del informe: "La principal debilidad del modelo deriva de que, aunque la teoría económica ha acreditado la eficacia de los mercados para determinar cuáles son los mejores bienes porque pueden registrar información sobre la demanda y el uso, en cambio, si se trata de seleccionar las más justas y mejores reglas en materia de gestión de empresas, el mercado es poco eficaz. En términos de justicia, se impone el reconocimiento de una autoridad legítima con poder de decisión que determine la corrección de las reglas".

El informe ofrece una breve serie de conclusiones, que les invito a leer, pero voy a terminar rememorando la conversación telefónica que tuve con Andrés tras leer su informe. Le planteé algo que me vuelve una y otra vez, las palabras que escuché al ex presidente chileno, Ricardo Lagos, en un foro internacional, en Londres, hace unos años. Decía Lagos allí que la sociedad contemporánea tenía como rasgo fuerte la dificultad de definir qué es un bien público.

Andrés Recalde se apoyó en esta sugerencia para defender, a pesar de los pesares del momento, las funciones del Estado y de la política. A lo largo del informe se detecta una constante, la contraposición de los argumentos de que el Derecho tiene que aspirar a la eficiencia económica o de que debe responder también a otros valores, como el de justicia.

Él defiende una idea conservadora de la ley, en el sentido de que las normas que nos regulan tienen que responder también a uno de los elementos centrales que engloba esa idea abstracta de justicia, el de la seguridad jurídica. Terminamos la conversación coincidiendo en que se hacen muchas malas leyes, pero eso no es una excusa razonable para promover una filosofía general de reducción de su ámbito, porque la ley ocupa el papel central en la articulación de la libertad o el bienestar.

Quien no ha podido llegar hasta aquí se ha perdido esta canción tan intempestiva.

Jacques Brel. Les bourgeois.

Enjoy the weekend.